En los últimos años, Venezuela se ha convertido en uno de los países latinoamericanos con mayor actividad en el uso de criptomonedas. Frente a un contexto económico marcado por la hiperinflación, las restricciones cambiarias y la inestabilidad del bolívar, muchos ciudadanos han recurrido a activos digitales como el Bitcoin (BTC) o el Tether (USDT) como resguardo de valor y medio de intercambio.
Sin embargo, la expansión de este ecosistema ha planteado importantes desafíos regulatorios. En este artículo analizamos cómo se regula actualmente el mercado cripto en Venezuela y cuál es su marco legal.
Un contexto económico que impulsó la adopción
Desde 2017, el uso de criptomonedas en Venezuela ha experimentado un auge sostenido. Esto se debe, en parte, a la pérdida de confianza en el sistema bancario tradicional y a las severas restricciones para acceder a divisas extranjeras. En este escenario, plataformas como Binance, LocalBitcoins (antes de su cierre) o Paxful se convirtieron en alternativas para intercambiar criptoactivos dentro del país.
Además, el Estado venezolano ha mostrado un inusitado interés en este fenómeno, siendo uno de los primeros gobiernos en lanzar su propia criptomoneda: el Petro (PTR), un token supuestamente respaldado por las reservas de petróleo del país, aunque su uso y aceptación han sido limitados.
El nacimiento de la regulación: SUNACRIP
La principal institución encargada de regular las actividades relacionadas con criptomonedas en Venezuela es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP). Este organismo fue creado en 2018 mediante el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, que estableció las bases legales para el funcionamiento del ecosistema cripto en el país.
Según esta normativa, cualquier persona o empresa que desee operar con criptoactivos —ya sea a través de intercambios, minería o servicios financieros— debe registrarse ante SUNACRIP y obtener las licencias correspondientes. Estas licencias abarcan desde casas de intercambio (exchanges), plataformas de remesas hasta procesadores de pagos en criptomonedas.
Además, la ley otorga al Estado un alto nivel de control sobre las operaciones cripto. Por ejemplo, la SUNACRIP tiene la facultad de supervisar, auditar y hasta suspender actividades que considere irregulares o no autorizadas.
¿Es legal operar con criptomonedas en Venezuela?
En términos generales, sí, es legal operar con criptomonedas en Venezuela, siempre que se cumpla con el marco regulatorio vigente. Esto significa que:
- Las personas naturales pueden comprar, vender o intercambiar criptomonedas libremente.
- Las empresas que ofrezcan servicios relacionados deben estar registradas y reguladas por la SUNACRIP.
- Las actividades de minería están permitidas, pero también sujetas a autorización previa y supervisión.
Uno de los usos que más ha crecido entre particulares es el de jugar en casinos con criptomonedas en Venezuela, aprovechando plataformas digitales que aceptan pagos en activos como Bitcoin, Ethereum o USDT.
Aunque esta actividad no está expresamente prohibida, sí se encuentra en una zona gris desde el punto de vista legal, ya que muchos de estos casinos operan desde el exterior y no están regulados por autoridades locales.
El caso del Petro y la postura internacional
El Petro, la criptomoneda emitida por el Estado venezolano, ha generado mucha controversia. Aunque fue presentado como un medio de pago alternativo para el comercio internacional, su uso ha sido limitado tanto a nivel nacional como global.
Además, el Petro fue incluido en las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que lo considera un intento del régimen venezolano para eludir las restricciones financieras internacionales. Esto ha contribuido a que muchos actores internacionales se mantengan alejados del ecosistema cripto venezolano, por temor a posibles implicaciones legales.
Retos y perspectivas
El desarrollo del mercado de criptomonedas en Venezuela plantea tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, estos activos permiten a los ciudadanos preservar valor, enviar remesas, participar en una economía digital global e incluso acceder a formas alternativas de entretenimiento como jugar en casinos online con criptomonedas.
Por otro lado, la falta de transparencia regulatoria, el riesgo de intervención estatal y la ausencia de seguridad jurídica limitan el crecimiento sostenible del sector.
Conclusión
En conclusión, la legalidad de los mercados cripto en Venezuela está condicionada por un marco regulatorio centralizado, controlado por el Estado, que mezcla intención innovadora con un alto grado de intervención.
Si bien existe una base legal para operar con criptomonedas, el entorno continúa siendo complejo e inestable, lo que obliga a los usuarios y empresas a actuar con cautela y estar atentos a posibles cambios regulatorios.
